Impacto en el PIB

El dejar sin efectos las operaciones de la mina, según el FMI, “también implica la pérdida permanente de alrededor del 0,6% del PIB en ingresos fiscales y el 7,5% de las exportaciones de bienes y servicios”.

Además, el organismo prevé que “la inflación se mantenga baja a finales de 2024, en el orden de 2,2% interanual, y en alrededor del 2% en los años venideros”. Aunque estima que “a mediano plazo, se espera que el PIB crezca 4 por ciento, mientras que el déficit en cuenta corriente se proyecta en torno al 2% del PIB”.

El FMI agregó que “las perspectivas económicas a corto plazo están sujetas a un alto grado de incertidumbre y la balanza de riesgos se inclina a la baja”. Esos “riesgos a la baja incluyen la pérdida del grado de inversión (a causa de inquietud por la situación fiscal de Panamá), lo que elevaría los costos de endeudamiento externo de Panamá y aumentaría los riesgos de refinanciamiento”.

 

Esos riegos a la baja también “incluyen nuevos disturbios sociales y más secuelas por el cierre de la Minera”, además, dice el FMI, que si la severa sequía que impacta al Canal de Panamá se prolonga más de lo esperado “se podría reducir los ingresos” del Canal “y sus contribuciones al Gobierno”.

“A mediano plazo, las reclamaciones del arbitraje minero representan un riesgo importante para las finanzas públicas”, resalta la nota.

El Gobierno panameño aprobó el pasado febrero un plan para el “cierre ordenado” de la mina de cobre operada, que incluye una auditoría a fin de identificar la “situación ambiental de la mina, los riesgos ambientales y sus medidas de mitigación”, la creación de un panel de expertos, entre otros.

Las autoridades ya habían anunciado en diciembre pasado que ese plan de cierre tomaría entre 6 y 18 meses elaborarlo a un costo de US$1,5 millones, y cuya ejecución podría tomar entre 7 y 9 años con costo de entre US$800 y US$1.000 millones.